Nuevo Casas Grandes.- En un esfuerzo interinstitucional orientado a escuchar de manera directa las exigencias, inquietudes y necesidades de los colectivos y familias de personas con reporte de ausencia o desaparición en la región noroeste, la Fiscalía General del Estado (FGE) llevó a cabo en Nuevo Casas Grandes el Foro Estatal de Atención a Familias Víctimas de Desaparición.
El encuentro, desarrollado a través de mesas de diálogo presenciales, tuvo como objetivo central trazar acuerdos operativos y establecer propuestas concretas que permitan fortalecer las brigadas de búsqueda en campo, agilizar los procesos de investigación ministerial y optimizar el acompañamiento integral a las víctimas indirectas en los municipios de la zona.
Las actividades estuvieron coordinadas por la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado (CEAVE), Norma Ledezma Ortega, quien encabezó los trabajos junto a mandos operativos y especialistas de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de la Zona Noroeste, la Fiscalía de la Mujer (FEM), la Fiscalía de Distrito Zona Noroeste y la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses.
Asimismo, en el foro convergieron la Comisión Local de Búsqueda y la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos y Protección a Derechos Fundamentales, áreas que revisaron caso por caso los avances en las carpetas de investigación y acordaron esquemas de seguimiento periódico entre las dependencias participantes.
Durante el desarrollo de la jornada, las familias expusieron de primera mano las principales necesidades técnicas y logísticas que enfrentan en la región.
Toda la información y los acuerdos derivados de las mesas de trabajo serán integrados en un informe ejecutivo que se remitirá al encargado de despacho de la Fiscalía General del Estado y, posteriormente, a la Gobernadora del Estado, María Eugenia Campos Galván, para su conocimiento y atención prioritaria.
Con la realización de este foro en Nuevo Casas Grandes, las autoridades de procuración de justicia buscan garantizar la apertura institucional, la transparencia en los procesos de localización y la certeza jurídica que demandan las familias del noroeste de Chihuahua.