Nuevo Casas Grandes.- La aparatosa explosión registrada el pasado martes en el campo menonita El Cuervo, donde un trabajador adulto mayor murió tras sufrir quemaduras graves al estallar un contenedor de combustible, dio un giro de carácter legal al confirmarse que el establecimiento siniestrado operaba de manera completamente clandestina y al margen de los registros de las autoridades reguladoras.
Una revisión detallada a los padrones oficiales de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) confirmó que el campo menonita El Cuervo no cuenta con ninguna concesión o permiso vigente para el almacenamiento, distribución o venta al público de gasolinas ni de diésel.
De acuerdo con el listado oficial de precios comerciales por estación de servicio de la dependencia federal, el municipio de Janos únicamente cuenta con cuatro razones sociales debidamente autorizadas para operar, ubicadas principalmente en la cabecera municipal y en la colonia Las Virginias.
La ausencia de la gasolinera del campo El Cuervo en los sistemas de la Comisión Nacional de Energía evidencia un esquema de suministro informal y de alto riesgo, encendiendo las alertas sobre cómo y quiénes abastecían de manera regular el hidrocarburo a esta instalación pirata.
Contradicción federal
Esta situación ha generado fuertes cuestionamientos entre los sectores productivos de la región noroeste, debido al marcado contraste con el que actúan los inspectores de las dependencias federales.
Apenas el año pasado, corporaciones y auditores de la federación implementaron operativos sumamente rigurosos en otros asentamientos menonitas de la zona, como en El Capulín donde el Comandante de la policía Federal, Alfredo Cruz Pérez y el chofer que ya se llevaba el combustible, estuvieron a punto de ser linchados por una turba de productores, que acusó al mando federal de ser un “extorsionador constante” en sus campos de cultivo.
El Comandante y sus elementos, acompañados incluso del Ejército Mexicano, intentó imponer multas severas y trató de decomisar depósitos de diésel destinado a las labores agrícolas, a pesar de que los productores contaban con las facturas legales que amparaban la procedencia lícita del producto.
La tragedia que hoy ya cobró una víctima, donde Jacob Neudorf de 70 años, encargado de ese establecimiento clandestino deja al descubierto que la informalidad y la falta de una supervisión real por parte de las autoridades competentes, son mucho más comunes y peligrosas de lo que se admite en los discursos oficiales.
El hecho de que una estación sin permisos pudiera operar al grado de recibir pipas de distribución en sus patios sin que ninguna autoridad interviniera de forma preventiva, expone la vulnerabilidad de las comunidades rurales frente a actividades comerciales de alto impacto que terminan en saldos lamentables.