Nuevo Casas Grandes.- Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Daniel Alejandro J.S., de 28 años y de oficio profesor de una escuela secundaria, por su probable participación en el delito de abuso sexual agravado.
La captura, que ha generado una fuerte reacción en la opinión pública local, se derivó de una investigación de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia (FEM) de la Zona Noroeste.
La detención se efectuó en calles de la colonia Colosio, en esta ciudad, tras lo cual el sujeto fue puesto a disposición del Juez de Control del Distrito Judicial Galeana.
En las próximas horas, agentes del Ministerio Público formularán la imputación correspondiente para iniciar el proceso penal.
Aunque el comunicado oficial de la Fiscalía General del Estado (FGE) se limita a los detalles del arresto, en redes sociales y círculos ciudadanos ha trascendido con fuerza que el detenido se desempeña como maestro en una institución de nivel secundaria en el municipio, donde padres de familia, conocidos y hasta alumnos, han desatado una polémica por la captura de quien hasta ese momento “era su profesor”.
Este señalamiento ha encendido el debate sobre la eficacia de los protocolos de seguridad y los perfiles de quienes están al frente de las aulas, revelando un fenómeno ya frecuente en los planteles, pese al hermetismo con que intentan conducirse las autoridades mostrando comunicados “rasurados”, de un hecho que impacta a toda la ciudad.
Entre la ciudadanía existe un creciente malestar, señalando que las pláticas y programas preventivos que las autoridades llevan a las escuelas no están arrojando resultados tangibles para garantizar la protección real de las y los menores.
Por el momento, las autoridades judiciales mantendrán al imputado bajo resguardo mientras se determina su situación jurídica.
Cabe recordar que, de acuerdo con el artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el detenido se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante una sentencia emitida por el órgano jurisdiccional.