Nuevo Casas Grandes, Chih.- A un año de la implementación del nuevo sistema de elección y operación del Poder Judicial de la Federación, la incertidumbre jurídica y la pérdida de imparcialidad se han convertido en un grave obstáculo para el crecimiento económico, la atracción de inversiones y la generación de empleo formal en el estado de Chihuahua, advirtió el centro empresarial Coparmex Nuevo Casas Grandes, al dar a conocer los resultados del Monitor de Seguridad de Datacoparmex 2026.
De acuerdo con el informe técnico, el 68.1 por ciento de los empresarios encuestados en la entidad señalaron que la reestructuración judicial ha influido de manera negativa en sus decisiones de expansión y proyectos productivos, más allá del reclamo social por un cambio en el sistema penal que empeoró los viejos vicios que se pretendían erradicar en la procuración de justicia.
El estudio detalla que un 39.8 por ciento de los negocios ha decidido adoptar posturas de extrema cautela antes de destinar capital, mientras que un 28.3 por ciento ya determinó congelar o reducir de forma directa sus montos de inversión ante el temor de fallos parciales o politizados.
El organismo patronal en esta demarcación, presidido por Alberto Armendáriz Villanueva, enfatizó que la discusión sobre el desempeño de los jueces no es un debate puramente legal, sino un problema operativo que afecta el costo de protección jurídica de los negocios y desincentiva la creación de plazas laborales en los municipios del noroeste.
Representantes de Coparmex señalaron que México requiere juzgados eficientes, ágiles y libres de corrupción, pero garantizando en todo momento la profesionalización, la independencia y el equilibrio de poderes para evitar la subordinación política.
Ante este escenario, Coparmex Nuevo Casas Grandes respaldó la postura nacional para abrir una agenda técnica de evaluación y diálogo con el nuevo Poder Judicial, exigiendo la fijación de indicadores transparentes sobre tiempos de resolución, imprevisibilidad de criterios y eficacia en la protección de garantías.
El sector privado reiteró que solo con reglas claras y contrapesos efectivos, restablecerán la confianza institucional necesaria para detonar proyectos de largo plazo que fortalezcan a la comunidad.