Nuevo Casas Grandes.- Con el objetivo de delimitar las conductas legales y prevenir prácticas que vulneren la integridad de los detenidos, la Fiscalía General del Estado (FGE) impartió un curso especializado sobre delitos de tortura dirigido a servidores públicos de las corporaciones en la Zona Noroeste.
La capacitación busca que los agentes operativos identifiquen con claridad los supuestos legales y las sanciones penales a las que se exponen, en caso de incurrir en actos de tortura durante el ejercicio de sus funciones.
La instrucción fue coordinada por el fiscal de Distrito Zona Noroeste, Adalberto Oros Salido, en conjunto con Yarín Gonzalo Vázquez Arias, fiscal especializado en la Investigación de Delitos de Tortura.
Durante la sesión, se abordaron los elementos legales que constituyen este delito, enfatizando que cualquier conducta fuera del marco de los derechos humanos no solo invalida los procesos judiciales, sino que conlleva una responsabilidad penal directa para el servidor público involucrado.
Incluso, la exposición fue más allá al ejemplificar que en algunos casos, la responsabilidad de un elemento recae directamente hasta su mando superior, cuando este haga omisión al tomar conocimiento de un posible evento de tortura.
El curso fue impartido por Óscar Cigala Chacón, de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), y Treicy Torres, agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada.
En esta primera sesión, de dos programadas, participaron elementos activos de la AEI, así como personal de la Policía Municipal de los municipios de Casas Grandes y Ascensión, quienes recibieron orientación sobre los protocolos operativos que deben seguirse para garantizar un actuar conforme a derecho.
Esta iniciativa surge como una medida de control y actualización para las fuerzas de seguridad en la región, en un esfuerzo por profesionalizar las detenciones, y evitar que el uso de la fuerza derive en abusos que empañen la labor de las instituciones.
Las autoridades señalaron que la capacitación continuará de manera obligatoria, reforzando la vigilancia sobre el personal para asegurar el respeto absoluto a las garantías individuales de la ciudadanía.