-El colgado y los sepultureros de las narcofosas
-Descalificaron a competidores de favorita
-La expectativa en el informe de Myriam
-Olió Cruz a Palacio de Gobierno en NCG
Aquel colgado del Arco Centinela entre Casas Grandes y Nuevo Casas Grandes en mayo de 2023, identificado horas después como Aureliano Domínguez Reyes, era residente de El Willy o Ejido Ignacio Zaragoza, el mismo sitio de donde fueron exhumados los restos óseos y cadáveres de alrededor de 64 personas las últimas semanas.
Ese atroz mensaje de la delincuencia fue a manera de castigo para el occiso de 62 años de edad, supuestamente acusado de delitos sexuales; también fue a manera de advertencia general a la comunidad, a los gobiernos y corporaciones de seguridad, para demostrar quién tenía el poder en la región.
Necesariamente, los asesinos de Domínguez debieron actuar con cautela y protección, con sus decenas de halcones plantados en caminos y carreteras, pero además con los elementos policiacos que dominan las calles de forma más cercana en todas las comunidades, los municipales.
Vino entonces tras ese hecho la enérgica reacción de la autoridad estatal, que con la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía, eliminó a la Policía Municipal de Nuevo Casas Grandes; así, NCG fue sumado a más de una decena de municipios de la entidad que se han quedado sin su correspondiente corporación.
Después ocurrió la caída de la alcaldesa, Cinthia Ceballos, acusada de corrupción en la venta de inmuebles del patrimonio municipal, y aunque vinculada extraoficialmente a la actividad del grupo delincuencial dominante, La Línea, nunca fue imputada de manera formal por ello, hasta la fecha. Ahora ya está libre, aunque sigue bajo proceso.
Meses antes de eso, dicen que en las áreas de inteligencia federal y estatal ya ubicaban a agentes policiacos de varios municipios involucrados en levantones y desapariciones forzadas de personas, como las más de 300 que se han acumulado en la región durante los últimos años.
Así, la fatal casualidad del origen del colgado y la ubicación de la mayor cantidad de narcofosas encontradas en la entidad, no queda nada más en eso, sino en un constante señalamiento a los policías municipales como posibles operadores criminales. Algunos tal vez sometidos por el temor al crimen organizado, otros metidos con todos sus recursos oficiales (patrullas, armas, radios) en la nómina de las células delincuenciales.
A la fecha, el municipio de Nuevo Casas Grandes, sobre el que gravitan los demás a su alrededor, sigue sin corporación de seguridad; en las mismas condiciones están Galeana, Ignacio Zaragoza y Gómez Farías, que tenían policías más reducidas y poco significativas.
Por ello, además de la necesaria identificación de las víctimas encontradas en las narcofosas de Casas Grandes y Ascensión, lo que realiza la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, debe avanzar a la par la investigación para buscar a los sepultureros del crimen y, desde luego, los autores intelectuales.
Los policías y expolicías municipales de los alrededores, suponemos, deben estar en el primer plano de la mira, antes y ahora que, por amenazas dejadas en el lugar de las excavaciones, la Fiscalía del Estado debió reorganizar su estrategia de búsqueda.
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Lo anticipamos antes en este espacio, Caufi de nuevo fue la empresa que obtuvo el contrato CS/INM/010/2025 por hasta 220 millones de pesos para instalar “puntos de rescate” y albergues en todo el territorio nacional, entre ellos los localizados en esta ciudad.
Encontramos los documentos mediante los cuales el Instituto Nacional de Migración (INM) justifica la contratación apenas el 30 de enero, mediante un procedimiento de adjudicación directa, que benefició a la empresa con domicilio en la Ciudad de México y cuyo representante es Carlos Eduardo Caudillo Figueroa.
Con descaro hay un estudio de mercado incorporado a la justificación, que incluye búsqueda en el histórico de compras y en internet; obvio, siendo la empresa consentida, resulta que Caufi SA de CV, tiene nueve de 10 contratos adjudicados por el Instituto que sigue dirigiendo Francisco Garduño.
Pero en la búsqueda en internet, el director de recursos materiales y servicios generales del INM, quien firma el oficio que otorga el contrato a Caufi, Jesús Manuel de la O
Pacheco, encontró 15 proveedores distintos que bien pudieran dar el servicio.
De ellos tres distintos a Caufi presentaron propuestas económicas, Comercializadora Janmo SA de CV, R.I.N.O. Producciones SA de CV, y Contraste Total SA de CV, pero -que extraño- resultaron mas altas que la de la empresa favorita, sin publicar ninguna evidencia en el extenso documento de justificación.
Desde el 2020 es el proveedor favorito, pese a las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación en 2022, cuando le adjudicaron contratos por 600 millones; en 2024 le tocó a la empresa proveer servicios por mil millones de pesos, cuando sus únicos antecedentes eran la instalación de carpas infantiles.
Una razón más de Garduño para aferrarse con todas las uñas al jugoso negocio de Migración.
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Esta semana, la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Myriam Hernández, encabezará la sesión extraordinaria del pleno para rendir su informe de trabajo 2024, el último en forma que habrá de presentar a raíz de la reforma judicial.
El contenido del informe, nos reportan de la judicatura estatal, no tendrá muchas variaciones respecto de los periodos anteriores, pues la estadística judicial tiene muy marcada ya una dinámica constante los últimos años, con ligeros avances en las resoluciones, aunque todavía lejos de las exigencias de la justicia.
La expectativa está en el mensaje político de la magistrada Hernández Acosta, quien no le entró al juego de la reforma judicial y decidió irse antes que prestarse a la manipulación del proceso electoral, que la ha marcado desde la aprobación de la reforma constitucional promovida por la 4T. Verticalidad a toda prueba.
Otro aspecto interesante que nos reportan de los tribunales, aunque parece más especulación que otra cosa, es que el informe será en el Centro de Convenciones de la capital y no en la Ciudad Judicial, cuyos sótanos muestran señales de deterioro consideradas riesgosas para el edificio.
Como ninguna autoridad ha mostrado un peritaje de los estudios necesarios que deben hacerse de la construcción realizada en el sexenio de César Duarte, nadie sabe si los riesgos son superficiales o estructurales, así que eso ha soltado las versiones, a contentillo de quien las cuente, sobre lo que puede ocurrir con la construcción.
No parece ser esa la causa de que el informe sea fuera de la Ciudad Judicial, pues el informe de 2022 sí fue en el inmueble, pero el de 2023 fue realizado en el salón Diamante del Sheraton.
Así, no hay ni obligación ni tradición para que sea el informe en el carísimo edificio público que en un tiempo Javier Corral catalogó como monumento a la corrupción de Duarte, aunque luego, después de ciertos negocios medio sospechosos con constructores a cargo de las obras, se olvidó de los calificativos y finiquitó los detallitos que le faltaban al proyecto heredado por su antecesor.
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El alcalde juarense, Cruz Pérez Cuéllar anduvo de gira el pasado fin de semana por la región noroeste del estado, en municipios que ya lo han visto pasar hasta tres veces o mas en este periplo que termina en el 2027, y con miras de seguirse hasta el 2033.
Llamó la atención una reunión de apoyo al juarense con el sector productivo de Nuevo Casas Grandes, que pintaba para una plática de rutina, de las de rigor, pero apareció Wilo Wallace, el expresidente de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua, aquel que desde hace décadas se apuesta, naturalmente de manera anticipada, con quien dirigirá las riendas del estado.
Algunas veces le fallará el tino pero las más acierta, por ello habla con autoridad en el ramo ganadero y se siente gurú en la política estatal. Veremos cómo termina este capítulo.
Por cierto, además de una larga lista de líderes fruticultores, ganaderos, agricultores, también quisieron sentarse a la mesa, como hace varios sexenios no sucedía, los líderes menonitas, mormones y ejidales.
Huele a Palacio de Gobierno.
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No desaprovechó Pérez Cuéllar también una visita a la capital del estado el fin de semana; reunió a pequeños empresarios, comerciantes y hasta líderes charros sindicales para una plática, acompañado del director de Planeación y Evaluación, Emilio Flores.
Dicen allá en Chihuahua que dejó buen sabor de boca por los temas que ha seleccionado para promover como parte de las banderas de su administración, obviamente orientadas a vertebrar su proyecto para el año 2027, como los avances en el renglón de la participación ciudadana.
Más allá del discurso y la promoción, asientan que este renglón, reflejado en la operación del Presupuesto Participativo, puede sustentarse con hechos más que con dichos y puede ser uno de los que mejores resultados administrativos, políticos y electorales, puedan darle al reelecto morenista.