Chihuahua.- Alejar los órganos de administración de justicia de la ciudadanía constituye una abierta regresión institucional y una severa incongruencia constitucional, afirmó tajantemente Ernesto Avilés Mercado, Presidente del Colegio de Juristas. Durante la asamblea estatal de la abogacía organizada, el jurista advirtió que desmantelar la sede de la segunda instancia en el Distrito Judicial Hidalgo, con sede en Parral, vulnera de forma directa el principio pro persona establecido en el Artículo 1° y el derecho a una justicia pronta, completa e imparcial garantizado en el Artículo 17 de la Constitución Federal, generando una inadmisible discriminación territorial y social en perjuicio de las familias y litigantes de toda la región sur del estado.
Avilés Mercado denunció que, bajo argumentos técnicos o presupuestales, se pretende ocultar el verdadero trasfondo del problema: el impacto de la violencia e inseguridad regional, así como la severa pérdida de la derrama económica que representa la permanencia del Tribunal Superior de Justicia en Parral. Enfatizó que la presencia de las magistraturas fortalece el tejido institucional frente a la delincuencia y dinamiza la economía local de profesionales, servicios y comercio, por lo que exigió que la administración de justicia se acerque y amplíe a la población en lugar de replegarse.
En el marco del debate gremial conducido por el Presidente de la Federación Estatal Chihuahuense de Colegios de Abogados (FECHCA), Héctor Vázquez Domínguez, los dirigentes de las distintas barras y colegios respaldaron la preocupación por la operatividad de los tribunales en la entidad. Patricia Domínguez, presidenta del Colegio de Abogados de Parral, rechazó contundentemente el traslado advirtiendo costos superiores a medio millón de pesos y serias afectaciones al acceso a la justicia. A esta postura se sumó Nahum Nájera Castro, primer presidente de la FECHCA, quien desde Ciudad Juárez respaldó la causa de Parral recordando la histórica lucha por la descentralización de tribunales en la frontera, donde además urgió la creación de una sala adicional en materia familiar.
Por su parte, los representantes de las diversas regiones expusieron las necesidades prioritarias del sistema judicial en sus distritos. Desde Nuevo Casas Grandes, Luis Raúl Hinojos evidenció el colapso del juzgado familiar local y cuestionó el desproporcionado crecimiento de la burocracia administrativa en contraste con la falta de personal jurisdiccional. En tanto, las dirigencias de Camargo y Jiménez, encabezadas por David Palma, Saúl García y Olga Margarita Montoya, plantearon la urgencia de instalar Oficialías de Partes de segunda instancia locales que eviten traslados físicos innecesarios a los litigantes. Asimismo, Georgina Carrazco Gamboa, del Colegio de Ojinaga, solicitó que cualquier determinación se sustente en estudios técnicos transparentes de cargas de trabajo.
Como resultado de este encuentro estatal, la asamblea de la FECHCA acordó unánimemente convocar en un plazo no mayor a 15 días a una mesa de trabajo con la Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia, el Pleno de Magistrados y los coordinadores de jueces, a fin de exigir la entrega formal de un informe técnico detallado sobre los justificantes del movimiento de salas. De igual forma, el gremio acordó gestionar formalmente una sala familiar adicional para Ciudad Juárez, el establecimiento de Oficialías de Partes en Camargo y Nuevo Casas Grandes, y priorizar la atención urgente al colapso operativo que enfrentan los juzgados de primera instancia en las materias civil y familiar a lo largo del estado.