-Abre Sedena el paso a búsqueda de narcofosas
-Con 29 años encima era inminente una tragedia
-Iría la 4T tras las carreteras de cuota
-“Pues si son los mismos”, Maru de funcionarios
Si bien ya habían participado el Ejército y la Guardia Nacional en la búsqueda de las narcofosas de Nuevo Casas Grandes, Ascensión y Casas Grandes, a partir de ayer fue la institución castrense la que tomó el mando en el operativo de rastreo para resguardar a peritos e investigadores de la Fiscalía General del Estado.
Como es conocido, la semana pasada fueron suspendidos los operativos, ante amenazas directas contra los funcionarios y agentes estatales, recibidos con explosivos hechizos y picos “ponchallantas” que dañaron algunas de las unidades oficiales.
Si antes de eso las operaciones eran resguardadas por unos cuantos agentes de la Policía Ministerial armados, otros tantos de la Guardia Nacional o del Ejército, a partir de las amenazas fue reforzado el equipo que, además, contará con apoyo de áreas de inteligencia para detectar y prevenir mayores riesgos de los que ya corren quienes realizan el trabajo en campo.
El refuerzo militar es sumamente importante porque es considerado como la primera línea de defensa y ataque en caso de que el grupo criminal dominante en la región, La Línea, se atreva a actuar contra las autoridades que ya han encontrado más de 70 cuerpos, osamentas o restos óseos dispersos en la zona de El Willy, principalmente.
Si el intento de disuasión solo fue para ganar tiempo, apenas le funcionó por una semana a la delincuencia que mantiene el control en el noroeste, pero si en verdad pretende impedir el trabajo de la autoridad en el rescate de restos, su identificación e investigación, no debe descartarse algún tipo de ataque mayor.
Así, fue la mejor decisión posible, la de que sea el Ejército quien asuma el control del operativo de resguardo, para que los peritos, antropólogos y agentes del Ministerio Público puedan hacer la labor que les corresponde.
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Nada más 30 años viejo, o 29 para ser justos, era el camión de transporte de empleados de maquila involucrado ayer en uno más de los muchísimos accidentes que engrosan la estadística de la desgracia en esta materia prácticamente todos los días.
Ahora fueron cerca de 30 los trabajadores afectados en ese percance ocurrido por el Camino Real, en la zona poniente de la ciudad.
Pudo aquello convertirse en una catástrofe porque el vehículo se fue sin frenos por una pendiente que, afortunadamente, cuenta con muros de contención; golpeó a 10 de estos antes de volcarse sin mucha velocidad.
No entendemos más razones que la corrupción entre la empresa maquiladora, Foxconn Santa Teresa, y el dueño del permiso, Francisco Miguel Mercado (de Star Solutions) para que la vieja unidad siguiera en servicio.
El camión con número económico 9929, es un modelo 1996, Freightliner. Evidentemente no podía estar en condiciones de circular sin el riesgo de sufrir desperfectos de cualquier índole.
De acuerdo a la Ley de Transportes, la unidad debió ser retirada del servicio hace casi 20 años nomás que tanto las áreas de adquisiciones de las empresas maquiladoras como los permisionarios siguen manteniendo acuerdos lógicamente económicos para ahorrarse dinero que se queda entre ellos aunque dejen en alto riesgo a sus mismos trabajadores.
Es tanto el descuido entre ambas instancias que ni licencia portaba el conductor del mega yonque, Kevin G. B. Por supuesto, tampoco traía placas. Como este hay registrados incontables casos en igual situación.
Si no conociéramos el trabajo de la Subsecretaría de Transporte creeríamos que sus funcionarios están pintados pero no es así; entonces, algo sigue fallando tanto en la supervisión como en la aplicación de la ley que impide a esos armatostes no solo seguir rodando sino continuar prestando servicio en esas condiciones de peligro latente.
Alguien en gobierno está obligado, u obligados, a poner un alto al desorden, ya son muchos los accidentes, cientos por año.
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“Pues si son los mismos”, dijo entre divertida y en serio la misma gobernadora del estado, Maru Campos, al arribar al salón de conferencias de prensa de Pueblito Mexicano y observar a los funcionarios que tomaría protesta el martes en nuevos cargos.
Desde luego que sabía ella a quiénes daría posesión pero ya juntos todos y todas le llamó más la atención.
Tomó protesta a Carlos Ortiz como su nuevo representante en Juárez pero ya era cercano a ella como rector de la Universidad Tecnológica; igual a Raúl García que llegó a la recaudación de rentas proveniente del hueso cargado en el Ichife. Austria Galindo tomó la Subsecretaría de Desarrollo Humano pero venía de la mano de la gobernadora desde que era regidora en el cabildo juarense.
Efectivamente, son los mismos aunque esperemos no sean iguales los resultados, sobre todo de Ibáñez y Raúl García, que llegan a sus nuevos cargos degradados por su mal desempeño en los anteriores. Premios de consolación, se les llama.
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Hay en el extenso documento votado el pasado martes por la Cámara de Diputados, referente a la revisión de la cuenta pública del 2022, por parte de la Auditoria Superior de la Federación, un detalle que no puede pasar desapercibido.
Es algo así como un anticipo de lo que puede venir más adelante en ese afán centralizador de dineros y funciones delegadas a las entidades federativas, igualito que ocurre con los servicios de salud, que están siendo trasladados al IMSS-Bienestar por medio de convenios firmados ya casi con la totalidad de gobiernos estatales.
Por allá perdido casi en las páginas finales, presenta en el resumen ejecutivo la Comisión Respectiva ante el pleno de diputados el reporte de la Red Federal Carretera (RFC).
Dice que, en promedio, el 71.7 % de dicha red presentó flujos vehiculares estables, mientras que el 28.3 % contó con flujos congestionados. O sea, hay movimiento.
En cuanto a la calificación del estado físico de las carreteras federales de cuota, dice el dictamen, este “se redujo en 32.5 puntos porcentuales, al pasar de 84.0 % a 64.5%, por lo que estas carreteras dejaron de clasificarse como en condiciones aceptables”.
Luego entonces, si hay movimiento de vehículos estable, los dineros recaudados por las casetas concesionadas a gobiernos estatales o empresas privadas, también debe ser constante, por lo cual no es posible que las condiciones de dichas carreteras de cuota hayan disminuido.
Es una deducción simple nuestra, de los términos en que es presentado el dictamen, máxime cuando en el caso de las carreteras federales de libre peaje habla de condiciones aceptables, pero “menores” del 2019 al 2022.
Será que la Auditoria Superior de la Federación está ayudando a hacer la camita a las entidades federativas para recuperar el manejo de las carreteras federales bajo concesión otorgada ya desde hace casi 30 años.
No pueden ser casualidad esas líneas que son garbanzo de a libra, perdiditas en el extenso dictamen autorizado hace apenas unos días.
En la entidad hay extensos tramos concesionados al estado, nada menos casi completa la panamericana, desde esta ciudad a la capital y aún más allá hasta Jiménez, con pocos kilómetros de excepción, por lo cual obtiene la entidad algo así como cuatro mil 200 millones de pesos al año.