Chihuahua.- Dos años después del primer acuerdo estatal para asumir las funciones policiales en seis municipios del estado, emitido por el entonces gobernador Javier Corral en febrero de 2017, fue aprobado el nuevo Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, incumplido hasta la fecha en Chihuahua por parte de los tres niveles de gobierno.
Así lo asientan los investigadores de la asociación civil Causa en Común, quienes observan una inoperancia del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), pues no dota a las secretarías estatales de seguridad ni a las policías municipales de los recursos para hacerle frente a las crisis como las que viven los 13 municipios del estado que a la fecha no cuentan con corporaciones locales a cargo del trabajo preventivo.
El acuerdo de Corral Jurado, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 18 de febrero de 2017 bajo el número 080/2017, desapareció las policías municipales de Madera, Temósachic, Gómez Farías, Ignacio Zaragoza, Casas Grandes y Nuevo Casas Grandes, debido a hechos de violencia y la posible colusión de las corporaciones con grupos del crimen organizado.
De esta forma, la Comisión Estatal de Seguridad (CES), antecedente de la hoy Secretaría de Seguridad Pública Estatal, y la Fiscalía General del Estado, tomaron el mando en este renglón, bajo el argumento de causas de fuerza mayor, que facultan al Ejecutivo para asumir el control en esta materia municipal en caso de considerarlo neceario.
Zaragoza y Gómez Farías no tenían policías municipales en los hechos desde años antes, debido a incursiones criminales que hicieron huir o renunciar a los agentes, pero formalmente no contaban con otros cuerpos de seguridad locales y solo tenían el apoyo estatal esporádico, así como de como del Ejército.
Previamente, el Estado había diseñado, en acuerdo con el gobierno municipal de Cuauhtémoc, un esquema de Mando Único para esta ciudad, en el que la Policía Estatal llevaría las riendas, pero contaría con el apoyo de la Policía Municipal, que entró en proceso se reorganización de su fuerza. Desde entonces, este esquema, único a nivel estatal, se mantiene en este municipio.
Dos años después, reorganizaron o reactivaron sus corporaciones Madera, Temósachíc, Nuevo Casas Grandes y Casas Grandes, de donde la Policía Estatal (Ces-luego SSPE) de las funciones supletorias.
Después, en los años posteriores, por diversas condiciones de inseguridad y violencia, el Gobierno del Estado determinó asumir la seguridad en Bachíniva, Galeana, Ignacio Zaragoza, Valle de Zaragoza, Satevó y Nuevo Casas Grandes, para instalar un Mando Único Estatal, diferente al de Cuauhtémoc que mantiene una Policía Municipal robusta.
En otra condición de mando estatal, con patrullajes intermitentes de acuerdo a las necesidades, se encuentran Bocoyna, Urique, Coronado, Gómez Farías, Guadalupe Distrito Bravo y Práxedis G. Guerrero, que no cuentan con corporaciones municipales certificadas, salvo elementos de respuesta a emergencias, como bomberos y de protección civil, además de que algunos cuentan con oficiales viales.
“Son 13 que no cuentan con seguridad municipal; sin embargo, es una problemática para nosotros, pero no para la población, ya que está siendo sustituida por estatales en este momento”, explicó por el secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya, en información publicada por El Diario en la edición de ayer.
En ese mismo sentido, refirió que la autoridad estatal ha invitado a los presidentes municipales a que conformen sus corporaciones, debido a la importancia de que las poblaciones tengan agentes locales como primeros respondientes.
“Eso nos permitiría a nosotros dedicarnos a lo que primordialmente nos corresponde, que es la generación de inteligencia y el combate a la delincuencia organizada”, dijo Loya Chávez.
…Pero sin municipales, no hay estrategia de seguridad
Las intervenciones estatales en los 13 municipios sin policías locales o con agentes que no están en condiciones de reactivar la corporación correspondiente, encuentran explicación en el reporte “Las policías en México: radiografía de un retraso crónico”, un estudio de investigadores de la asociación Causa en Común, de los resultados de seguridad entre 2018 y 2024.
“Para que un Estado pueda brindar orden y garantizar seguridad a la ciudadanía, es primordial contar con policías profesionales y eficientes. El desarrollo de las corporaciones policiacas está dictado por el artículo 21 constitucional y por la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que establecen la necesidad de coordinar los tres órdenes de gobierno para promover acciones en este sentido. Sin embargo, no sólo no se ha logrado dicho desarrollo, sino que el país se encuentra en una senda de militarización acelerada”, asienta.
El Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) es el órgano encargado de formular propuestas de programas nacionales y promover la coordinación entre las instancias encargadas de la seguridad pública. En su 44 sesión ordinaria, celebrada en julio de 2019, fue aprobado el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, el cual tiene como objetivo fortalecer a las policías municipales y estatales, y articular de forma efectiva dichos cuerpos con la Guardia Nacional y las fiscalías.
Durante el sexenio pasado, el CNSP se reunió en seis ocasiones, formulando 59 acuerdos, que prácticamente han sido incumplidos en lo concerniente a la preparación de policías municipales.
Fue hasta diciembre de 2021 que se presentó el Informe de Indicadores del Modelo, y que el Secretariado Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) subrayó la insuficiencia presupuestal para mejorar salarios y prestaciones.
También se señaló la tendencia a incorporar mandos militares al frente de las corporaciones policiacas, aún cuando no cuentan con capacitación ni experiencia en materia policial.
Causa en Común realizó una investigación para conocer el contenido de los acuerdos, su pertinencia, así como el cumplimiento de los mismos. En dicho ejercicio se eligieron acuerdos de relevancia y se enviaron solicitudes de información vía plataformas de transparencia a nivel nacional y estatal a las instituciones encargadas de dar cumplimiento a dichos acuerdos.
A partir del análisis, se concluyó que los acuerdos del CNSP son deficientes, ya que en su mayoría no son pertinentes para el desarrollo institucional, no establecen plazos ni estándares para su cumplimiento, utilizan lenguaje ambiguo que alienta la discrecionalidad de las instituciones y, debido a su carácter no vinculante, omiten sanciones en caso de incumplimiento.
Por otra parte, los estados tampoco dan cumplimiento a los acuerdos, y en diversas ocasiones, la autoridad responsable responde a las solicitudes de información transfiriendo la responsabilidad a otras autoridades locales o al SESNSP.
Además, debido a las deficiencias de los acuerdos, no es posible medir el desempeño de las instituciones en cuanto a su desarrollo institucional, e incluso es común que distintas instituciones refieran dar cumplimiento a un mismo acuerdo con acciones distintas, en diferentes tiempos, o con acciones ajenas al mismo.
“Ante esta inoperancia del SNSP, una de las propuestas de Causa en Común es que los acuerdos del CNSP sean pertinentes; puntuales en cuanto a tiempos y parámetros de cumplimiento; con un lenguaje claro y preciso, y estableciendo actores responsables en los ámbitos federal, estatal y municipal; y que se establezcan sanciones administrativas, presupuestales, penales y políticas a las distintas autoridades por incumplimientos”, refiere.
Causas de municipios sin policías o corporaciones deficientes
Básicamente, el estudio de Causa en Común concluye que sin policías municipales no hay estrategia de seguridad eficiente, lo que es difícil lograr con un consejo nacional en la materia incapaz de contar con mayores recursos presupuestales, igual que en los niveles estatal y municipal.
Entre otras causas de municipios sin policías o con corporaciones deficientes, asienta que no existe una ley que regule los horarios de trabajo de los cuerpos de seguridad, por lo que los agentes deben cubrir a veces turnos de 24 o más horas, sin descansos suficientes.
Además, refiere que el 28 por ciento de los municipios del país, al cierre de 2020 y de acuerdo con el Inegi, no tenían prestaciones de seguridad social para los agentes municipales y solo un 10 por ciento ofrecían entre sus prestaciones, por ejemplo, apoyo de gastos funerarios para los policías abatidos.
La generalidad de las corporaciones municipales es de bajos salarios, falta de pago de bonos y prestaciones, condiciones de trabajo inseguras y falta de vehículos y de equipamiento, lo que impide que los municipios tengan éxito en sus convocatorias para reclutar elementos, quienes deben, además, pasar por filtros, exámenes de confianza y otros trámites en instancias superiores.
Chihuahua, además, suma desincentivos graves, como el hecho de que acumuló, entre 2018 y 2024, 137 policías asesinados de todos los niveles; en 2018, 2019, 2020 y 2021, por cuatro años consecutivos, estuvo la entidad entre los primeros lugares nacionales con más agentes agredidos, situación que se ha revertido, pero no ha sido suficiente para que los municipios intenten reactivar sus cuerpos de seguridad.
“Si bien el trabajo policial implica un riesgo en sí mismo, y sobre todo en países con niveles de criminalidad como el nuestro, éste se magnifica cuando se trabaja en condiciones de estrés extremo y con jornadas extenuantes. Un 40 por ciento de los elementos encuestados considera que su salud se ve afectada por su trabajo”, reseña en otro apartado el reporte de Causa en Común.
“Los padecimientos más frecuentes son aumento o disminución de peso, irritabilidad, insomnio, ansiedad, nerviosismo y fatiga crónica; es decir, el síndrome de “burnout”. En casos extremos, la tensión llega a generar problemas psicológicos, emocionales o trastornos psiquiátricos severos y, consecuentemente, ausentismo, adicciones, incapacidades y muertes por accidentes o suicidio”.
Así, entre la falta de coordinación federal, estatal y municipal, los recursos presupuestales insuficientes para profesionalizar policías y sostener corporaciones locales, no ha sido posible poner en marcha una estrategia de seguridad efectiva para que esos 13 municipios sin agentes dejen de depender de la SSPE en esta materia.